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El pasado 4 de abril de 2020, los vecinos de Chacabuco, cansados por la lentitud en la toma de medidas para el resguardo de la población en el contexto del Covid-19, decidieron tomarse la ruta 240 para instalar una especie de aduana sanitaria ciudadana.

La decisión de los pobladores, fue tomada tras insistentes y fallidas conversaciones con las autoridades regionales. En el corte de ruta, tres personas actuaron como voceros de las demandas de la comunidad, Camila Salas, Francisco Peñailillo y Carlos Díaz; tres dirigentes que hoy fueron formalizados en el contexto de la Ley Antibarricadas, impulsada fuertemente, entre otros, por el diputado de Aysén, Miguel Ángel Calisto.

En este sentido, el dirigente de la Asamblea Territorial de Puerto Aysén, Francisco Peñailillo, en conversación con Aysén Decide, acusó montaje en su contra, asegurando que “en la carpeta investigativa no hay nada, ninguna prueba, que indique que nosotros fuimos las personas que levantamos barricadas y cortamos el libre tránsito como lo señala la ley. Lo único que tienen es que nosotros fuimos las personas que leímos comunicados, actuando como voceros de las vecinas y vecinos”.

Según los antecedentes presentados por la Fiscalía, los tres formalizados junto a otras personas, cortaron la ruta 240 arrojando elementos plasticos en la calzada, interrumpiendo el libre tránsito sin contar con la debida autorización para aquello.

Peñailillo, dijo también que “Nos ven a nosotros como vecinos, como una amenaza, siendo que ellos están para resguardarnos y cuidarnos a nosotros y son estos mismos carabineros que le dicen a otras personas, oye cágate a esta persona, un taxista me dijo eso, que les mostraban mi foto y les decían que me echen la culpa a mí y que dijeran que yo era el que había levantado las barricadas. Esas son las investigaciones que está haciendo carabineros de Chile en la comuna de Aysén”.

DEFENSA DE LOS DIRIGENTES

El abogado Marcelo Rodríguez, quien representa a los acusados, aseguró que defenderán ante los tribunales el derecho de las y los dirigentes a manifestarse, además denominó a la Ley Antibarricada, como “Ley Calisto”, apuntándolo como uno de los responsables de criminalizar la protesta social por su voto a favor de la misma legislación.

El jurista apuntó también a la Fiscalía, asegurando que no la tienen fácil, ya que tendrán que probar que los dirigentes y hoy formalizados por exigir mayor resguardo para la población aysenina a través de manifestaciones, estuvieron en el lugar de los hechos, a la hora que se menciona y cometiendo los actos que se le imputan.

A los dirigentes se les ofreció la posibilidad de acceder a un juicio abreviado, sin embargo para ello es necesario que asumieran la responsabilidad en los hechos que se les imputan, oferta que fue rechazada por las tres personas quienes esperan mantener en el juicio su calidad de inocentes.

Tras la audiencia de formalización se decretaron en contra de los dirigentes medidas cautelares de menor intensidad y el tribunal determinó un plazo de 60 días para que el Ministerio Público realice la investigación.

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