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¿Te imaginas el escándalo mediático que esto puede provocar si se enteran que es una funcionaria del Serviu la que pone la denuncia? Esta fue la principal preocupación planteada por el director regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo, el 31 de Agosto de 2020, en una reunión sostenida con representantes sindicales y una funcionaria que relató los episodios vividos en la Gobernación de General Carrera, y que a su juicio constituían acoso sexual, hechos que provocaron daños a su salud.

Este tipo de situaciones son las relatadas en la demanda por «vulneración de derechos fundamentales», presentada por la trabajadora contra el Servicio, y que busca resarcir el daño ocasionado por diferentes situaciones derivadas de la denuncia por acoso sexual, enviada a Intendencia y que se vinculó a la renuncia del ex gobernador, Mauricio Quercia.

Según el relato de la denunciante, desde la llegada de Quercia, en 2019, como primera autoridad provincial, comenzó a vivir situaciones que poco a poco mermaron su salud e imposibilitaron el correcto desarrollo de su trabajo.

Visitas constantes del gobernador con preguntas y solicitudes que escapaban de sus funciones, muchas de ellas de carácter personal, y el cambio de oficina de la autoridad a dependencias colindantes a su lugar de trabajo, fueron las primeras alarmas.

«En una oportunidad, en el pasillo, conversando con su periodista, me invitó a visitar un sector en las llaves donde hay pinturas rupestres con unos geólogos, a lo que manifesté que no podía porque tenía que trabajar y me indica que pida permiso, a lo que me insiste, que debería ir porque aquel lugar tenía una energía tan potente como la mía», relata la trabajadora.

A este tipo de comentarios y preguntas de índole personal, presuntamente realizadas por el gobernador, se sumaron regalos a la funcionaria del Serviu.

«Aparece el señor Quercia en mi oficina cerca de las 11:00 horas de la mañana, consultando si me encontraba de cumpleaños, a lo que le indico que efectivamente era así, me deja un presente sobre el escritorio y cerrando la puerta me dice Feliz Cumpleaños. Al no tener espacio para reaccionar, me quedé pasmada con la situación y más aún al ver el envoltorio del regalo el cual era un dibujo, hecho a mano, de una mujer desnuda de pelo rojo saliendo del lago en una noche de luna», señala la trabajadora en la demanda.

Tres días después de este hecho, debido al agobio que le causaban las constantes visitas de la autoridad provincial, la funcionaria fue diagnosticada con «colon irritable», lo que derivó en la primera licencia médica.

Al regresar, el mismo día de su retorno, encontró un botón de rosa en su escritorio, y tras conversar con un colega decidió enfrentar al gobernador y terminar con esta situación de acoso.

«Le envío un WhatsApp al Gobernador, indicando que había una flor en mi puerta y consultando si habría sido él, a lo que responde: ‘no debería haber sido yo, pero si. Es decir, no pude evitarlo. Mis disculpas’. Teniendo esta confirmación, le respondo: ‘Gobernador, no corresponde, el regalo de cumpleaños ya fue suficientemente incómodo, las distancias prudentes mantienen las cosas en orden. Espero se entienda.’ A lo que me responde: ‘Si. Lo lamento. Sinceramente no volverá a ocurrir’. Para esto, mi colon estaba que estallaba de los nervios y angustia provocada por la situación, ya que por estar en una posición de superioridad en cuanto a mí, sentía miedo de que esto trajera alguna represalia que afectara mi estabilidad laboral», relata la funcionaria.

El temor por perder el trabajo se sustentaba en la no renovación de contrato que enfrentó a principios de 2019 y que terminó revirtiendo por la vía judicial, sentía que no contaría con el respaldo de su jefatura. Las visitas constantes con requerimientos laborales del gobernador y las situaciones médicas derivadas de este agobio, continuaron hasta agosto de 2020, cuando informó de la situación  al director del Serviu, quien sin prestar el apoyo a la víctima, solo manifestó su preocupación por el escándalo mediático que esta denuncia podría generar.

«Más que ofrecer el apoyo se enfocó en el escándalo mediático que podría producirse si se sabía que se trataba de una funcionaria del SERVIU, además de indicarme que se iba a generar mi reubicación a otra oficina, como también el cierre de la oficina de Chile Chico, lo que me venía a aumentar mi angustia, pues significaba pensar en cambios que no tenía considerados, me generaba el miedo de que el cierre de la oficina pudiera gatillar mi despido», señala en la demanda la funcionaria.

Mientras estaba con licencia por el cuadro de angustia derivado de todas las situaciones vividas, la funcionaria recibió un llamado donde se le informó que sería trasladada a Coyhaique,  según el relato de la Técnico en Administración, «la llamada solo vino a poner presión a mi estado de salud mental, dado que ya la denuncia de acoso presentada por mi asociación había sido entregada al Director y este último ya la había derivado a la Intendencia, por lo que entendía que se venía un escándalo mediático».

En esa oportunidad, señaló no estar en condiciones de tomar una decisión de estas características y 10 días después, estando más tranquila, confirmó su intención de aceptar el traslado a Coyhaique, sin embargo la respuesta del servicio fue que esa oferta ya no estaba disponible y que debía reintegrarse a sus funciones en el edificio de la Gobernación de General Carrera.

«Todo lo anterior trajo aparejado una crisis nerviosa mayor, pues el servicio que debía protegerme, produjo un menoscabo en mi integridad psíquica y física. Lo anterior sumado a que me encontraba con licencia médica, cuando se me informan todas estas situaciones, cuando debí mantenerme alejada de toda presión para recuperar mi salud. Cabe señalar que actualmente me encuentro con licencia psiquiátrica, debido al acoso sexual y laboral del que fui víctima, el cual se agudizó debido a la denegación del director del SERVIU de mi traslado a Coyhaique y/o Cochrane», señala la demanda presentada por la trabajadora.

La acción judicial por vulneración de derechos fundamentales, presentada contra el Serviu Aysén busca, entre otras cosas, que cesen las acciones que han producido menoscabo en la integridad física y psíquica de la funcionaria, que se autorice su traslado a Coyhaique o Cochrane, que el Servicio se disculpe públicamente por estos hechos y que se pague una indemnización de 10 millones de pesos por el daño moral causado.

El pasado viernes 10 de diciembre, en el Juzgado de Letras del Trabajo de Chile Chico, se debía realizar la audiencia preparatoria por la demanda de Tutela Laboral presentada por la funcionaria pública, la que fue suspendida hasta enero, aunque no se descarta que previo a esto las partes puedan llegar a un acuerdo reparatorio.

Nota por medio asociado Aysén Decide

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