Nota en colaboración con Aysén Decide
Nuevamente una licitación pública realizada por la Municipalidad de Coyhaique deriva en el inicio de un proceso disciplinario al interior de la actual administración municipal. Esto, junto a otras irregularidades, fueron detectadas por la Contraloría en la «AUDITORÍA AL PROCESO DE EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 2019 Y GASTOS POR COVID-19», cuyos resultados se vieron reflejados en el informe final N°768 publicado el lunes.
ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES A FUNCIONARIOS PÚBLICOS
El ente contralor también determinó que existían problemas en las entregas de ayuda, realizadas por el municipio, específicamente indica que se entregaron 113 canastas de alimentos y 18 vales de gas a beneficiarios, que no cumplían los requisitos exigidos.
En la revisión detallada se descubrió que 59 canastas y 16 vales de gas fueron entregados a funcionarios públicos de diversas instituciones, como Carabineros, Ejército, Dirección de Educación Municipal y Servicio de Salud Aysén, entre otros.
Según se señala en el informe de Contraloría, la respuesta de la Municipalidad fue indicar que «el Reglamento de Ayuda Social no establece como criterio para el otorgamiento de los beneficios analizados la naturaleza del lugar de trabajo de un beneficiario ni el hecho de que sus fuentes de ingreso hayan disminuido o no. Lo anterior, expone, teniendo en consideración que esa municipalidad no puede discriminar a ningún usuario si cumple los requisitos señalados por dicha preceptiva».
De los funcionarios públicos, 23 cumplían el requisito de estar en el 40% más vulnerable y por ende se levantaron las observaciones respecto a estas personas y se mantuvo para el resto de los trabajadores del estado que recibieron beneficios sin necesitarlos ni cumplir los requisitos.
La Contraloría, además, detectó que 44 personas recibieron en más de una oportunidad, durante el mismo mes, cajas de alimentos. La explicación entregada desde la Municipalidad es que pasaron a entregar durante el año pasado 700 ayudas diarias, lo que “redundó en no contar con un sistema de ingreso y bases de datos preparado para la nueva demanda producida a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19, manifestando que las duplicidades serían mínimas y que, el reglamento de ayuda social no limitaría el otorgamiento de beneficios en una única oportunidad ni en la temporalidad con que se entregan estos”.
Como se trata de hechos consumados, la Contraloría determinó que no es posible realizar la regularización y por ende determinó el inicio de un nuevo proceso disciplinario para detectar eventuales responsabilidades administrativas.
PROBLEMAS CON LA LICITACIÓN DE ALIMENTACIÓN
La auditoría realizada estableció que durante el año 2020, la Municipalidad de Coyhaique, a través de la licitación pública N° 2945-2-LE20, por la cifra de $ 23.968.460, adjudicó el contrato de suministros de alimentos 2020, sin que en el desarrollo del certamen se incluyeran las declaraciones de inhabilidad de dos integrantes de la comisión evaluadora.
Según señala el informe de Contraloría “no consta entre los antecedentes publicados en el portal Mercado Público, ni entre aquellos que acompañan los decretos de pago de la adjudicación, antecedentes que den cuenta que los funcionarios que participaron en la comisión evaluadora del aludido proceso no presentaban a esa fecha, conflictos de interés con los oferentes de dicha adjudicación”.
En la respuesta, la Municipalidad reconoció la situación, indicando que se trató de un error debido a una falencia del proceso, la que sería corregida en las próximas licitaciones exigiendo a cada participante de la comisión evaluadora completar los documentos de declaración de inhabilidades y conflicto de interés. El 25 de enero de 2021 se regularizó la situación con esta declaración de dos de las funcionarias.
Sin embargo, debido a que la materia cuestionada se refiere a un contrato ya ejecutado y por ende no es posible realizar la regularización del proceso, la Contraloría determinó instruir un proceso disciplinario con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
DESORDEN ADMINISTRATIVO
El ente contralor también informó del inicio de un segundo proceso disciplinario por la entrega de beneficios, como cajas de alimentos y bonos de gas, a beneficiarios que no cumplían los requisitos, como a algunos funcionarios públicos y además de la entrega, en algunos casos, duplicadas de estas ayudas.
El informe final, da cuenta de un desorden administrativo al interior de la Municipalidad, con situaciones de diversa índole como ingresos municipales sobre o subestimados, problemas en los ajustes presupuestarios y cobros no realizados por un monto superior a los 25 mil millones de pesos ($25.075.920.772) por concepto de Patentes Municipales, Derechos de Aseo y Permisos de Circulación, originadas hasta el 31 de diciembre de 2015, y que estarían a punto de prescribir, imposibilitando con ello el cobro de estos recursos a los deudores.
Respecto a este punto la Contraloría indica en el Informe que el municipio “deberá efectuar las gestiones de cobro con el objeto de recuperar los montos adeudados por los deudores y/o contribuyentes, o en su defecto -para las patentes municipales- decretar la clausura de los establecimientos que aún mantengan morosidad, y, castigar, en caso de que proceda, la deuda municipal”.
