La Contraloría General de la República identificó inconsistencias en el registro y control de 9.653 inmuebles fiscales, tras comparar los antecedentes del Ministerio de Bienes Nacionales con la información entregada por 109 organismos públicos centralizados. Los resultados forman parte del reporte CIC N°27, difundido el 3 de noviembre de 2026.
Dos tipos de observaciones
El análisis estableció que 3.238 propiedades aparecen incorporadas en la contabilidad de distintos servicios públicos, pero no cuentan con una destinación vigente otorgada por Bienes Nacionales. El valor conjunto de esos inmuebles supera los $451 mil millones.
En sentido inverso, el organismo fiscalizador detectó 6.415 inmuebles que sí tienen una destinación vigente, aunque no fueron incorporados en los registros contables de las instituciones responsables. Para la Contraloría, ambas situaciones afectan la integridad y confiabilidad de la información financiera del sector público y dificultan la administración del patrimonio estatal.
Organismos con mayores montos observados
Entre las entidades que concentran los valores más altos asociados a inmuebles sin destinación vigente figuran organismos vinculados a infraestructura, seguridad y salud pública:
- Dirección de Obras Portuarias: 31 inmuebles, valorizados en $87.508.902.107.
- Policía de Investigaciones de Chile: 61 inmuebles, por $75.864.808.213.
- Hospital de Carabineros: 43 inmuebles, con un valor de $59.207.855.289.
La mayor cantidad de propiedades con destinación vigente, pero sin registro contable, se concentra en organismos dependientes del Ministerio del Interior, con 2.074 inmuebles. Le siguen el Ministerio de Defensa Nacional, con 1.411, y el Ministerio de Obras Públicas, con 1.381.
Medidas de regularización
Ante los hallazgos, la Contraloría anunció el envío de oficios a los servicios involucrados para que corrijan las situaciones advertidas en sus registros contables dentro de un plazo de 90 días. También comunicará las observaciones al Ministerio de Bienes Nacionales, con el objetivo de que se regularicen y formalicen las respectivas destinaciones.
El organismo fiscalizador informó además que realizará un seguimiento de las medidas adoptadas por las instituciones. La revisión se suma a otras observaciones sobre la administración de bienes públicos contenidas en el análisis nacional, cuyo objetivo es mejorar la correspondencia entre la situación jurídica, el uso y el registro financiero de los inmuebles fiscales.
