Dos abogados presentaron ante la Fiscalía Nacional una denuncia para que se investigue una eventual prevaricación de ministros de la Corte Suprema y de cortes de apelaciones, a raíz de resoluciones que permitieron modificar a la baja penas impuestas en causas por delitos sexuales contra menores de edad.
La acción fue interpuesta por Raimundo Palamara y Maximiliano Murath, quienes cuestionan el criterio jurídico aplicado en cerca de 300 fallos relacionados con condenas correspondientes a causas cerradas antes de 2022. Según los antecedentes consignados por CNN Chile, la presentación busca establecer si los magistrados omitieron deliberadamente una prohibición legal vigente o si actuaron dentro de una interpretación jurídicamente defendible.
El criterio jurídico cuestionado
La denuncia apunta a una jurisprudencia construida sobre el principio de irretroactividad de la ley penal. De acuerdo con los denunciantes, esa interpretación fue utilizada posteriormente por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en la modificación de la aplicación de beneficios penitenciarios. El escrito solicita revisar más de 10 resoluciones emitidas por tribunales superiores.
| Antecedente | Dato informado |
|---|---|
| Fallos relacionados | Cerca de 300 |
| Resoluciones incorporadas en la denuncia | Más de 10 |
| Periodo de las causas aludidas | Antes de 2022 |
La presentación se suma a otra denuncia formulada previamente por parlamentarios de oposición contra Rabat y el exsubsecretario de Justicia Luis Silva, por una eventual prevaricación administrativa. En ese caso, la Fiscalía Centro Norte ya abrió una investigación, según los antecedentes citados en la información.
“No puede haber rigor penal para unos y un manto de impunidad para otros”.
La frase corresponde a Palamara, de la Fundación Fuerza Ciudadana. El abogado sostuvo además que, si una misma interpretación jurídica está siendo examinada penalmente, su utilización por autoridades de otros órganos del Estado no debería quedar fuera de una revisión sin una explicación fundada.
Solicitud de investigación
Murath, vinculado al Partido Nacional Libertario, afirmó que la responsabilidad que atribuyen los denunciantes se relaciona con la doctrina aplicada por varios ministros de la Corte Suprema durante los últimos cuatro años. La solicitud no establece responsabilidades penales, sino que pide al Ministerio Público determinar si existió una conducta constitutiva de prevaricación o si las decisiones se mantuvieron dentro de una interpretación posible de la legislación y la Constitución.
- La denuncia fue dirigida contra ministros de la Corte Suprema y de cortes de apelaciones.
- El cuestionamiento se refiere a fallos sobre condenas por delitos sexuales contra menores.
- La Fiscalía deberá evaluar los antecedentes y definir las diligencias correspondientes.
