Un proyecto de ley que modifica la llamada Ley Chao Bolsas Plásticas y que ya fue despachado por el Senado comenzó su segundo trámite legislativo en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados, según informó el medio que publicó la noticia. La iniciativa permitiría la comercialización de bolsas plásticas en el comercio si estas cumplen condiciones de resistencia y son fabricadas con plástico 100% reciclado en Chile o con materias primas compostables.
Qué plantea la reforma y los argumentos en discusión
La propuesta no restaura de manera generalizada las bolsas de un solo uso, sino que habilita su venta bajo la categoría de reutilizables, condicionada a estándares técnicos que definan su durabilidad. Para sus promotores, la exigencia de contenido reciclado y de mayor resistencia apuntaría a fomentar la circularidad. Para críticos, el hándicap central es que una bolsa hecha con material reciclado no garantiza que sea efectivamente reutilizada por la ciudadanía.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente se consignan cifras que ilustran el alcance de la norma vigente: desde la entrada en vigor de la Ley 21.100 en 2018 se han retirado de circulación más de 13.600 millones de bolsas plásticas, dato que suele citarse como evidencia de un cambio de hábito en el consumo y manejo de residuos.
“Nuestra principal preocupación es que este proyecto termine siendo un retroceso en lo que se ha logrado en estos ocho años de Ley Chao Bolsas Plásticas, que marcó un cambio concreto en la forma en que Chile enfrenta el uso de bolsas plásticas en el comercio. Reabrir la puerta a su comercialización, incluso bajo la categoría de reutilizables fabricadas con plástico reciclado, podría debilitar una política pública que ha logrado reducir significativamente estos residuos”,
señaló Adela Rogers, gerente de Sostenibilidad de Unibag, en declaraciones recogidas por la nota.
Antecedentes y cifras relevantes
El debate que se anticipa en la Cámara incorpora varias dimensiones técnicas y de política pública: definición de estándares de durabilidad, trazabilidad del contenido reciclado, verificación de origen del plástico reciclado nacional y medidas que eviten sustituciones que incrementen la generación de desechos. La discusión también debería abordar quién fiscaliza el cumplimiento y qué sanciones aplicar en caso de infracciones.
| Concepto | Dato citado |
|---|---|
| Bolsas retiradas desde 2018 | 13.600 millones |
| Requisito propuesto | Plástico 100% reciclado o materias compostables |
Lo que está en discusión para legislar
- Estándares de resistencia y número mínimo de usos para calificar como reutilizable.
- Mecanismos de certificación del contenido reciclado y su origen nacional.
- Fiscalización y sanciones para comercializadores que incumplan las condiciones.
- Impacto en la generación de residuos y en la economía circular local.
En la práctica legislativa, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara deberá analizar los aspectos técnicos y someter la iniciativa a audiencias con expertos, representantes del sector privado, municipalidades y organizaciones ambientales. La nota que dio origen a esta pieza no entrega fechas de votación en la Cámara ni el texto final del proyecto, por lo que dichos hitos deberán confirmarse en las próximas sesiones parlamentarias.
Para comunidades y municipios de la Región de Aysén, donde la gestión de residuos y la disposición final son desafíos geográficos y económicos, cualquier cambio en la normativa nacional sobre plásticos tiene efectos prácticos. Los cargos municipales y las seremías regionales responsables de medio ambiente y saneamiento serían los encargados de ajustar —si procede la reforma— protocolos de recolección y de fiscalización local, así como de informar a la ciudadanía sobre nuevos requisitos y obligaciones.
La iniciativa propone, por tanto, una discusión técnica con implicancias locales: no solo determina qué tipo de bolsas podrán comercializarse, sino que también condiciona políticas de prevención y manejo de residuos a nivel comunal y regional.
