Tribunales de Magallanes formalizan a imputado por amenazas y tenencia ilegal de elementos de guerra
El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó prisión preventiva para un hombre identificado por sus iniciales M.Á.B.V., luego de su formalización por los delitos de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y por infracción a la Ley de Control de Armas. El tribunal fijó un plazo de 60 días para el desarrollo de las diligencias investigativas, según informó el Poder Judicial el 27 de octubre de 2026.
El procedimiento se originó tras múltiples discusiones en un domicilio del sector Villa Los Españoles, donde el imputado convivía con sus padres, ambos adultos mayores. De acuerdo con la Fiscalía local, el hombre les manifestó que incendiaría la vivienda y amenazó con dispararles con ballestas si alertaban a Carabineros. Tras la denuncia de familiares, personal policial ingresó al inmueble y detuvo al sujeto en flagrancia.
Al registrar el dormitorio, los efectivos incautaron un arsenal de elementos que motivaron la imputación por infracción a la Ley de Control de Armas. Entre lo incautado, la Fiscalía y Carabineros consignaron:
- 4 granadas tácticas de humo y ruido
- 3 ballestas de distinto modelo
- Katanas, dagas y cuchillos de caza con hojas de hasta 19 centímetros
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Granadas tácticas (humo/ruido) | 4 |
| Ballestas | 3 |
| Katanas, dagas y cuchillos | Varios (hojas hasta 19 cm) |
Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía solicitó la medida cautelar más gravosa alegando el peligro para la integridad de las víctimas y la vulnerabilidad de los adultos mayores afectados. La defensa sostuvo que las armas tenían un carácter decorativo o recreativo; sin embargo, la magistrada determinó el ingreso del imputado a la cárcel de Punta Arenas y autorizó un plazo de 60 días para completar las diligencias.
El fiscal asistente que participó en la audiencia expuso los antecedentes relativos al riesgo que implicaba la tenencia de esos elementos en un contexto de violencia intrafamiliar. En el tribunal también se consideraron las circunstancias de la denuncia presentada por familiares y el carácter de las amenazas descritas en la carpeta investigativa.
Los cargos y la cautelar quedan sujetos al proceso penal en curso. La medida adoptada por el tribunal busca preservar la seguridad de las víctimas mientras avanzan peritajes y diligencias ordenadas por la Fiscalía en el marco del plazo investigativo de 60 días.
En este tipo de casos, las autoridades judiciales y policiales pueden disponer medidas y trámites adicionales, como peritajes técnicos sobre las armas y la verificación de antecedentes del imputado, los que se realizarán en el plazo establecido por el juez.
