La diputada Lorena Fries (FA) solicitó antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la Defensoría Penal Pública por la detención de siete personas cuyos mensajes o publicaciones fueron considerados amenazantes contra el presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Los arrestos se produjeron entre junio y octubre, luego de alertas remitidas por plataformas digitales a las policías.
Solicitud de antecedentes a la PDI
El oficio presentado el viernes 13 de noviembre busca precisar cómo se activan estos procedimientos, qué información entregan las plataformas —en particular Meta— y de qué manera esos antecedentes llegan a los investigadores. La diputada también pidió conocer si durante las actuaciones se respetaron las garantías constitucionales y legales de las personas detenidas.
Entre los casos mencionados por Fries está el de una adolescente de 17 años, cuya detención calificó como ilegal en relación con una acusación de amenazas contra el presidente. La parlamentaria sostuvo que la evaluación de este tipo de hechos debe considerar si existe una amenaza verosímil y diferenciarla de expresiones amparadas por la sátira o la crítica política.
“No toda amenaza debe ser investigada; tiene que ser verosímil. Y no confundir amenazas que no son verosímiles con sátiras o con críticas políticas”.
Coordinación entre plataformas y policías
El requerimiento fue dirigido al director general de la PDI, Eduardo Cerna, y al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Entre las materias que la diputada busca aclarar se encuentra el acceso policial a mensajes privados y la relación operativa entre las plataformas digitales y la institución policial.
- Siete personas fueron detenidas entre junio y octubre.
- Las alertas estuvieron vinculadas con publicaciones o mensajes dirigidos contra el presidente Kast y el ministro Quiroz.
- El oficio solicita información sobre los procedimientos policiales, las alertas de Meta y el resguardo de las garantías legales.
La presentación se suma a la revisión parlamentaria del trabajo colaborativo entre la PDI y Meta en investigaciones de esta naturaleza. Fries planteó que los delitos deben ser investigados, pero advirtió que ese proceso debe compatibilizarse con la protección de la libertad de expresión y con la distinción entre una amenaza efectiva y una manifestación política o satírica.
La diputada señaló que la falta de esa distinción puede derivar en persecución dentro de una democracia. Sus consultas quedaron planteadas ante la PDI, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio de Seguridad Pública, organismos a los que pidió antecedentes sobre el origen, el tratamiento y los límites de estas alertas digitales.
