Cambio de estrategia en La Moneda y plan de acción oficial
Al tercer día de la controversia por la rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores —inscrita en decretos visados por el Ministerio de Justicia entre marzo y septiembre— el Gobierno adoptó una estrategia de contención política y legislativa para respaldar al ministro Fernando Rabat.
Según informaron T13 y Ex-Ante, el Presidente José Antonio Kast convocó a los timoneles de las colectividades oficialistas a una reunión en La Moneda para evaluar la situación y coordinar la respuesta. En paralelo, el Ejecutivo decidió congelar la tramitación de los decretos pendientes que puedan ser detenidos y anunció la búsqueda de una salida legislativa con discusión inmediata en el Congreso para abordar el tema.
En la salida del encuentro, el presidente del partido Republicano, Arturo Squella, calificó como “absurdo” que se acuse a un ministro por aplicar la norma, y pidió avanzar en la discusión inmediata del proyecto que, a juicio del oficialismo, sería la vía para resolver el conflicto. El presidente del partido UDI, Guillermo Ramírez, planteó que la responsabilidad debe repartirse entre la redacción de la ley y los tribunales, descartando que el episodio justifique la salida del ministro.
Medidas anunciadas y respuesta de la oposición
- Congelamiento de decretos pendientes por parte del Ministerio de Justicia.
- Solicitud de discusión inmediata de proyectos en el Congreso para abordar la materia.
- Respaldo público del oficialismo a Rabat, coordinado desde La Moneda.
- Evaluación por parte de la oposición de presentar una acusación constitucional, con definición prevista para el miércoles 28.
| Actor | Acción |
|---|---|
| Presidente José Antonio Kast | Convocó a timoneles oficialistas y coordinó respuesta política |
| Ministerio de Justicia | Congeló decretos pendientes y busca salida legislativa |
| Oposición | Evalúa acusación constitucional a definir el miércoles 28 |
El subsecretario Gonzalo Arenas también se pronunció en apoyo del ministro, instalando la confianza presidencial en Rabat como línea oficial del Ejecutivo. La reserva de pasos administrativos y la opción legislativa buscan, contener la crisis política mientras la oposición evalúa presentar una acusación constitucional.
Contexto y próximos pasos anunciados
Hasta el momento, la reacción inicial del oficialismo —que había sido mayormente jurídica— dio paso a una operación política que incluye respaldo explícito de los partidos gobernantes y la búsqueda de mecanismos legislativos de emergencia. Por su parte, la oposición sostiene que los decretos requieren un examen político y estudia presentar una acusación constitucional, cuya decisión se esperaba definir el miércoles 28, según la información disponible.
Los hechos que han motivado la crisis corresponden a la firma y visado de decretos por parte del Ministerio de Justicia, que habrían rebajado penas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores. La discusión se ha centrado en la legalidad del procedimiento, la claridad de la ley vigente y la responsabilidad de los distintos actores involucrados: ministerio, comisiones administrativas y tribunales.
La situación mantiene en tensión la agenda legislativa y la gobernabilidad del Ejecutivo, dado que la oposición ha anunciado medidas políticas de alto impacto que podrían derivar en una acusación constitucional contra el ministro Rabat.
