El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, admitió que el Gobierno no explicó con la suficiente claridad la reforma constitucional en materia de seguridad, un reconocimiento que busca dar cuenta del retroceso legislativo que enfrentó la iniciativa durante su tramitación.
En una entrevista radial con el exsenador Felipe Kast, el secretario de Estado sostuvo que la forma en que se presentó el proyecto complicó su avance en el Congreso y que el Ejecutivo esperó un respaldo más amplio entre parlamentarios. García Ruminot atribuyó parte del problema al calendario político y a la carga legislativa previa, cuando el Gobierno impulsó una amplia reforma económica.
“Tendríamos que haber detallado mejor de qué se trataba la reforma. Veníamos de la mega reforma económica y creo que el tiempo nos apremió o actuamos con demasiado optimismo”, dijo José García Ruminot.
Qué dijo el ministro sobre el nuevo texto
Según el secretario de Estado, el nuevo borrador que se trabajó en el Senado preserva dos ejes que el Ejecutivo considera centrales. En concreto, García Ruminot indicó que el proyecto busca:
- Consagrar en la Constitución el reconocimiento de la seguridad pública como un deber institucional.
- Ampliar las atribuciones para separar a personas privadas de libertad con el objetivo de limitar la capacidad operativa del crimen organizado desde las cárceles.
El ministro afirmó que existe confianza en que la nueva propuesta pueda reunir los apoyos necesarios tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, pero admitió que la estrategia comunicacional del Ejecutivo estuvo por detrás de las expectativas iniciales.
Contexto político y próximos pasos
La admisión pública de errores de comunicación por parte de un secretario de Estado pone de relieve la complejidad de las negociaciones parlamentarias en este gobierno y el desafío de alinear el calendario legislativo con los tiempos de discusión pública. García Ruminot también mencionó que los desacuerdos al interior de la coalición oficialista complicaron el diálogo con la oposición, cuyo respaldo resulta necesario para aprobar cambios constitucionales.
De acuerdo con el ministro, el Ejecutivo confía en alcanzar acuerdos transversales a partir del nuevo texto; sin embargo, la entrevista no especificó plazos de tramitación ni compromisos de voto de bloques parlamentarios.
Implicancias para Aysén
Aunque la discusión es de carácter nacional, los planteamientos sobre seguridad y orden público tienen repercusiones en regiones como Aysén, donde autoridades locales, parlamentarios regionales y fuerzas de orden público observan las modificaciones constitucionales por su posible impacto en políticas públicas, en recursos para la fiscalización y en el trabajo en cárceles regionales. La definición final del texto y su recepción en el Congreso determinarán si los cambios se traducen en medidas concretas que afecten la gestión municipal y regional.
| Aspecto | Declaración del ministro |
|---|---|
| Comunicación | Reconoció fallas en la presentación del proyecto |
| Prioridades del nuevo texto | Reconocimiento constitucional de la seguridad; ampliar facultades para separar personas privadas de libertad |
| Estado del trámite | Nuevo texto consensuado por senadores; búsqueda de apoyos en ambas cámaras |
La entrevista del ministro aporta una mirada oficial sobre los problemas que enfrentó la iniciativa inicial y sobre el diseño del nuevo texto, pero no detalla los plazos de tramitación ni el respaldo explícito de partidos o bancadas. Las decisiones que adopte el Congreso serán determinantes para la concreción de las medidas anunciadas por el Ejecutivo.
